El empresario Víctor de Aldama, conocido en círculos políticos como el "conseguidor del PSOE", declaró como investigado el jueves 7 de noviembre de 2025 ante el magistrado Leopoldo Puente en la Audiencia Nacional de Madrid, en el marco del caso KoldoMadrid. Durante una hora y veinte minutos, Aldama confirmó que el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, le pidió 50.000 euros para agilizar contratos de mascarillas durante la pandemia. La empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, recibió 12.317.580,24 euros de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud. La investigación, impulsada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y solicitada por el fiscal Luis Pastor, revela una red de pagos irregulares que conecta a políticos, asesores y empresarios en plena emergencia sanitaria.
La reunión que cambió todo
Aldama aseguró que, durante una reunión en Las Palmas de Gran Canaria, Torres le imploró que enviara mascarillas a las islas, donde el turismo estaba paralizado y los aeropuertos cerrados. "Era un hombre desesperado", dijo el empresario. Según su testimonio, Torres no solo pidió ayuda, sino que, a través de su intermediario Koldo García, le exigió un pago de 50.000 euros por "facilitar" la adjudicación. Aldama lo rechazó. "Ya estaba pagando a Koldo y a Ábalos como conseguidor", explicó. Pero lo que parece una negativa, en realidad fue un cálculo: no pagó a Torres directamente, pero sí siguió financiando a García.Y ahí está el meollo. Desde octubre de 2019, Aldama pagaba a García 10.000 euros mensuales en efectivo, en sobres, sin recibos, sin rastro bancario. No era un honorario. Era una nómina de favores. La UCO encontró testigos que confirmaron que García usaba ese dinero para mover trámites, llamar a funcionarios, acelerar pagos. Los contratos de mascarillas en Canarias no fueron una excepción: fueron la razón principal de esa nómina.
El dinero que nunca se vio
Lo más impactante no es que se pagara, sino que se pagara en efectivo. Nadie vio los billetes. Nadie firmó nada. Pero el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, tiene pruebas: mensajes, testimonios, movimientos de dinero previos a las adjudicaciones. Aldama reconoció que, tras el pago de las primeras facturas por parte del Gobierno canario, volvió a ver a Torres en otro encuentro. "Fue un momento de alivio", dijo. "Como quien salda una cuenta". No hubo palabras. Solo una mirada. Esa mirada, según la Fiscalía, es la prueba más clara de corrupción: el silencio cómplice.La Fiscalía Anticorrupción ha pedido siete años de prisión para Aldama. No por enriquecimiento personal, sino por abuso de poder, cohecho y fraude en la contratación pública. Y no está solo. Koldo García, su hombre de confianza, comparecerá el viernes 8 de noviembre de 2025 ante el Tribunal Supremo, donde se evaluarán sus medidas cautelares. El Partido Popular, que lidera las acusaciones populares, exige su ingreso en prisión provisional. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya está procesado por el mismo caso, por contratos similares en el ámbito estatal.
¿Por qué Canarias fue el epicentro?
Canarias era un caldo de cultivo perfecto. Sin turismo, sin ingresos, con hospitales al límite y una administración que tenía que actuar en 72 horas. La ley de emergencia permitía contratar sin concurso. Y alguien lo supo aprovechar. Soluciones de Gestión, una empresa con poca experiencia en sanidad, se convirtió en proveedora de más de 12 millones de euros en mascarillas. ¿Cómo? Porque tenía contactos. Porque Koldo García tenía acceso a los despachos. Porque Ángel Víctor Torres necesitaba resultados, y Aldama tenía los medios.La UCO encontró que las mascarillas no siempre cumplían las normas sanitarias. Algunas eran de origen chino, sin certificación europea. Otras llegaban con retrasos de semanas. Pero se pagaban igual. Y se pagaban con urgencia. Porque el miedo era mayor que la burocracia. Y alguien lo sabía.
Lo que aún no sabemos
Aldama anunció que, tras recuperar los datos de sus móviles intervenidos por la Guardia Civil, aportará "nueva información". Eso significa que podría haber más nombres. Más conversaciones. Más pruebas. El juez ya ha ordenado la revisión de los dispositivos de García y de otros funcionarios del Servicio Canario de Salud. ¿Quién más recibió dinero? ¿Quién aprobó las facturas sin verificar el material? ¿Y qué pasó con las 20 millones de mascarillas que no se usaron?Lo que sí es claro: esta no es una historia de un solo hombre. Es un sistema. Un sistema que funcionó porque nadie quiso mirar. Porque todos tenían una excusa: la pandemia. Pero la pandemia no justifica el robo. Ni la corrupción. Ni el silencio.
¿Qué sigue?
La próxima semana, el juez decidirá si eleva a juicio a Aldama y García. Si lo hace, el caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos de contratación pública en la historia de España. Y no solo por el dinero. Por la imagen. Porque se trata de una administración que, en plena crisis, eligió pagar por favores en vez de salvar vidas.Frequently Asked Questions
¿Por qué se pagaban 10.000 euros mensuales a Koldo García?
Según el informe de la UCO, esos pagos eran una "nómina de favores". Koldo García actuaba como intermediario entre empresarios como Víctor de Aldama y altos cargos públicos, asegurando la agilización de contratos, la aprobación de facturas y la omisión de controles. El dinero, entregado en efectivo, no tenía justificación legal y se mantuvo desde octubre de 2019, antes incluso de la pandemia, lo que sugiere que el sistema ya estaba operativo.
¿Qué pruebas tiene la Fiscalía contra Ángel Víctor Torres?
Aunque Torres no está formalmente investigado aún, la Fiscalía tiene el testimonio directo de Aldama, que afirma que el entonces presidente canario le pidió 50.000 euros por agilizar los contratos. Además, se han recuperado mensajes de teléfono y registros de reuniones en las que Torres aparece junto a García y otros funcionarios. La Fiscalía espera que los datos de los móviles intervenidos confirmen conversaciones sobre pagos irregulares.
¿Cómo se financiaron los contratos de mascarillas en Canarias?
Los contratos se pagaron con fondos del Servicio Canario de Salud, utilizando la figura de "contrato de emergencia" que permitía evitar concursos públicos. Soluciones de Gestión facturó 12,3 millones de euros sin demostrar capacidad logística ni calidad del material. La UCO encontró que muchas mascarillas no cumplían con la norma UNE-EN 14683, pero se pagaron igual, lo que apunta a una omisión deliberada por parte de funcionarios.
¿Por qué se investiga a José Luis Ábalos si el caso es de Canarias?
Ábalos está procesado por una rama paralela del mismo caso: contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes a Soluciones de Gestión. La Fiscalía encontró similitudes en los procedimientos: intermediarios, pagos en efectivo, contratos sin concurso. Se sospecha que Aldama y García operaban a nivel nacional, no solo en Canarias, lo que convierte este caso en una red de corrupción sistémica.
¿Qué pasa con las mascarillas que nunca se usaron?
Según el informe de la UCO, más de 20 millones de mascarillas adquiridas por Canarias no fueron distribuidas a hospitales ni centros de salud. Algunas fueron almacenadas en almacenes sin control, otras desaparecieron. Las auditorías internas del Gobierno canario no lograron rastrear su destino. La Fiscalía investiga si hubo reventa ilegal o si simplemente se desviaron para beneficiar a empresas intermediarias.
¿Es posible que otros políticos estén implicados?
Sí. Aldama ha mencionado que los favores no se limitaban a Torres o García. La UCO ya ha solicitado el acceso a correos electrónicos y registros de llamadas de otros altos cargos del Servicio Canario de Salud y del Ministerio de Sanidad. El caso podría extenderse a funcionarios de otras comunidades autónomas que usaron el mismo modelo de contratación fraudulenta durante la pandemia.